El Ministerio de Sanidad ha publicado este lunes los informes técnicos en los que se ha basado para acordar el avance en las medidas de alivio del confinamiento en los territorios de las distintas Comunidades Autónomas

El departamento que dirige Salvador Illa ha colgado en su página web todos los informes en los que justifica el avance o no de los distintos territorios según los parámetros establecidos por el propio Ministerio. Están fechados entre el 3 de mayo –cuando las islas de La Graciosa, El Hierro y La Gomera, Canarias, y de Formentera, en Balares, avanzaron a fase 1– y el 22 de mayo, cuando el ministro anunció que toda España ya estaba en esa etapa.

El titular de Sanidad adelantó que los informes técnicos sobre el cambio de fase se harían públicos una vez que todas las regiones hubieran pasado a fase 1, lo que ha ocurrido este mismo lunes tras la incorporación de la Comunidad de Madrid, del área metropolitana de Barcelona y de todas las provincias al completo de Castilla y León.

También permanecen en fase 1, en la que está el 53 por ciento de la población española (unos 25 millones de habitantes), la Comunidad Valenciana, varias zonas sanitarias catalanas, las provincias andaluzas de Málaga y Granada y las de Toledo, Ciudad Real y Albacete en Castilla-La Mancha. El resto, el 47 por ciento de España (unos 22 millones de habitantes) ya se encuentra en fase 2.

La publicación de los informes había sido demandada desde varios gobiernos regionales para conocer los datos en los que se había apoyado Sanidad, con críticas por no hacerlo desde gobiernos regionales como los de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

Una de las más duras en sus críticas fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras las dos negativas de Sanidad para que la región abandonara la fase inicial. Según explicó Ayuso, que ha presentado un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la autonomía el paso a la fase, es necesario conocer estos informes para comprobar que no ha habido trato «discriminatorio».

Los informes son realizados por funcionarios del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), cuyo máximo responsable es el doctor Fernando Simón. «Estos informes son elevados a la Dirección de Salud Pública, que me los eleva a mí, y en base a los cuales, dicto las órdenes respectivas después de haber celebrado reuniones bilaterales con la Comunidad Autónoma respectiva», recalcó Illa.

Según Sanidad, los criterios han sido sanitarios y no económicos. «Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan más o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo», señaló Simón cuando se plantearon las críticas por no avanzar.

Criterios de sanidad

En concreto, Sanidad estableció unos parámetros de análisis recogidos bajo tres grandes categorías de criterios: para valorar la transmisión, para valorar la gravedad y para las capacidades de detección y respuesta. En cuanto a los criterios para valorar la transmisión se valoraba Rt, que es el número de reproducción en función del tiempo; número total de casos confirmados por PCR en la última semana desde la fecha del inicio de los síntomas; incidencia acumulada en los últimos 7 días; porcentaje de casos posibles o sospechosos con la prueba PCR realizada; y tasa de positividad de los casos sospechosos.

En materia de criterios para valorar la gravedad se fijaba en el número de hospitalizados en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación; casos en UCI en los últimos 7 días y el porcentaje de ocupación; fallecidos en los últimos 7 días y letalidad en ese periodo.

Sobre los criterios para valorar las capacidades de detección y respuesta, se analiza el número de camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes; el número de camas de agudos por 10.000 habitantes; la capacidad de atención primaria para el diagnóstico precoz a todos los sospechosos; si disponen de protocolos y recursos para el seguimiento de contactos; el sistema de vigilancia puesto en marcha para garantizar la monitorización diaria de los casos y la notificación individualizada, tanto a nivel primario como hospitalario y el protocolo para asegurar el manejo de las residencias de mayores.

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