La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego señala como “deber ético” de la sociedad y “obligación” de los poderes públicos la protección de los niños y niñas de la violencia sexual

La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Eugenia Gómez de Diego, ha presentado el estudio, financiado con fondos NextGeneration, para la prevención del riesgo de explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes en los centros de acogimiento residencial del sistema de protección a la infancia de Cantabria.

Se trata del primer informe de estas características que realiza una Comunidad Autónoma, de forma que –ha dicho Gómez de Diego- Cantabria “se adelanta y sirve de referencia a informes similares que se está planteando realizar el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”. En su intervención, ante una nutrida representación social y de profesionales que trabajan en la protección y la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la titular de Políticas Sociales ha asegurado que “proteger a nuestros niños y niñas de la violencia y, en este caso, de la violencia sexual, es un deber ético de una sociedad digna y es una obligación de los poderes públicos”.

Ha asegurado estar “orgullosa” de que Cantabria sea pionera en realizar un estudio con propuestas de detección, atención y mejora para la prevención de la explotación sexual en menores y para “tener claro qué mejoras y qué medidas tenemos que poner en marcha en nuestro sistema de protección”. “Desde el conocimiento podemos prevenir situaciones indeseables para todos nosotros”, ha apuntado la consejera.

Gómez de Diego ha querido mandar un mensaje claro respecto de la “dura realidad” de la violencia contra la infancia, para lo que es necesario “visibilizar esa violencia, estudiarla y actuar”.

Los niños y niñas en el sistema de protección son aún “más vulnerables”, por lo que es preciso “tener herramientas, tejer redes y hacer un sistema de protección, así como lanzar un mensaje claro sobre que los niños y las niñas son sujeto de derechos y tienen derecho a vivir una vida sin violencia”, ha asegurado la consejera.

En Cantabria son más de 500 los profesionales y técnicos que trabajan directamente en el Sistema de Protección a la Infancia y Adolescencia en sus diferentes niveles y recursos que contribuyen a que la Comunidad esté “a la cabeza en la protección de niños, niñas y adolescentes”. Ha añadido que la atención de la infancia y la adolescencia en Cantabria es “prioritaria y fundamental”, ha dicho.

En nuestra Comunidad, de un total de 321 menores en algún tipo de acogimiento, 134 están en acogimiento familiar, 27 de ellos con familias del programa de acogimiento del Gobierno de Cantabria y 107 están acogidos por familia extensa (familiares con los que mantienen algún tipo de vínculo afectivo anterior). Además, otros 184 menores están en acogimiento residencial.

La consejera ha añadido que, recientemente, se ha publicado la nueva orden de acreditación de centros de menores, “para seguir adelantándonos y avanzando en políticas de protección a los menores en situación de máxima vulnerabilidad”.

Un trabajo pionero

El documento que presentado es un trabajo pionero que responde al mandato de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia de 2021, que recoge que todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros y estarán obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la Infancia.

El documento se ha financiado con los fondos Next Generation EU gracias al convenio de colaboración suscrito con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para la ejecución de proyectos sobre ‘Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión’ del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La presentación de este informe ha tenido como marco el Parlamento de Cantabria y ha contado con la presencia de la directora del Instituto Cántabros de Servicios Sociales (ICASS), María Antonia Mora; el director de Políticas Sociales, Julio Soto, así como las responsables del estudio y expertas en esta problemática, las profesoras Noemí Pereda de la Universidad de Barcelona; Beatriz Benavente de la Universidad de las Islas Baleares;  Ignacia Arruabarrena de la Universidad del País Vasco y Alba Águila de la Universidad de Barcelona, el mismo equipo de profesionales que en 2020 formaron parte de la Comisión de Expertos que realizó el informe sobre los casos de explotación sexual que se estaban dando en Mallorca.

Ha cerrado la presentación el subdirector de Infancia, Adolescencia y Familia del ICASS, Jaime Pría, que ha presentado las propuestas de intervención frente a la explotación sexual de los menores acogidos en el Sistema de Protección a la Infancia de Cantabria. A la presentación han asistido un centenar de personas profesionales que trabajan con menores que están tutelados por el Sistema de Protección a la Infancia de Cantabria, así como representantes de los departamentos del Gobierno de Cantabria  Igualdad y Mujer; Innovación e Inspección Educativa; Justicia; Salud Pública; Delegación del Gobierno; Policía y Guardia Civil; entidades que trabajan con la infancia y representantes de los grupos parlamentarios

Propuestas de actuación

En el informe se ha preguntado directamente a los y las adolescentes, lo que ha permitido conocer situaciones que se han producido en el último año, muchas de ellas previas al centro residencial actual, vinculadas a las propias familias y/o a otros centros. El texto contiene  una serie de propuestas de actuación e incluye la creación de un grupo de trabajo formado por profesionales de la Dirección General de Políticas Sociales; de la Subdirección de Infancia del ICASS; de la Dirección de Igualdad y Mujer y de los centros de acogimiento residencial.

Entre las propuestas para los profesionales, se encuentra el desarrollo de protocolos de actuación ante los casos de explotación sexual a la infancia y la adolescencia, de las fugas y salidas no autorizadas; un programa de sensibilización y capacitación profesional; la creación de la figura de un referente en protección o la aplicación de la primera herramienta para detectar casos, EDR-ESIA. En este trabajo se ha hecho un primer control con EDR-ESIA y, de un total de 140 casos estudiados, han aparecido seis con posible riesgo que ya están siendo tratados.

Entre las propuestas dirigidas a los adolescentes están la información sobre violencia y explotación sexual y educación afectivo-sexual; información y educación sobre los riesgos de las redes sociales; respeto a la capacidad de decisión y participación y atención a las experiencias previas de victimización sexual.