El Consejo General emplaza la decisión a un acuerdo de «unidad» con decanos, estudiantes y Academias

La Audiencia Nacional ha concluido de nuevo que la Psicología no es una profesión sanitaria regulada por lo que el título no habilita a sus estudiantes a acceder directamente al ejercicio en el campo de la salud. La decisión judicial de los magistrados ha provocado el rechazo del Consejo General que había llevado la causa a los tribunales y que ahora debate internamente si elevar un nuevo recurso de casación ante la misma sala en un plazo máximo de 30 días.

El presidente del organismo colegial, Francisco Santolaya, ha reconocido a Redacción Médica que esta posibilidad está sobre la mesa. Sin embargo, ha emplazado el paso adelante a contar también con el visto bueno del resto de organizaciones del sector: Conferencia de Decanos, Estudiantes y Academia. “Lo estamos valorando y creemos que hay argumentos para el recurso de casación. Pero en este momento priorizamos la unidad de acción de todas las instituciones de la psicología”, ha planteado. Solo el ‘sí’ de todos los actores activaría una nueva vía en los juzgados.

Este dilema se ha planteado después de que el tribunal haya echado por tierra un recurso interpuesto contra la orden aprobada por el Ministerio de Sanidad en 2019 para la convocatoria de plazas de la Formación Sanitaria Especializada (FSE), en la que se definía a los aspirantes como candidatos del “ámbito” de la Psicología. El Consejo General considera que esta denominación es incorrecta y que contraviene la orden 1309/2018 en la que se ajustan los planes de estudio del grado universitario.

Santolaya ha defendido que la calificación correcta debería ser “psicólogo especialista en Psicología Clínica” para aquellos que hayan superado la formación o bien “psicólogo general sanitario” para los que ejerzan en la sanidad. “Si la plaza no implica realizar actividades sanitarias preferimos Grado en Psicología, pero si esto no es legalmente posible al menos Grado del ámbito de la Psicología”, ha explicado.

Su punto de vista choca frontalmente con la valoración de los jueces de la Audiencia Nacional que han recordado que la Psicología no es una profesión sanitaria regulada, ya que no figura como tal ni en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 2003 ni en la Ley General de Salud Pública de 2011. “Goza de una naturaleza versátil, en cuanto su empleabilidad no se agota en el ámbito de la salud (servicios sociales, empresas, educación…)”, han justificado los magistrados.

La sentencia ha tildado el planteamiento del Consejo General de Psicología como un “gran esfuerzo argumental que resulta baldío”. Por eso, la organización ha dejado en manos de su equipo jurídico la estrategia sobre un nuevo recurso, en caso de que finalmente llegue a formalizarse. “Esto lo decidirían en su caso, los abogados. Un juez puede considerar argumentos baldíos, lo que a otro le parece esencial”, ha apuntado Santolaya.

La vía del diálogo con el Gobierno para regular la Psicología

Más allá de la ofensiva judicial, la otra pata de la estrategia pasa por conseguir una reforma en el plano legislativo que cambie el actual estatus de la Psicología. El presidente del Consejo General ha tildado como “imprescindible” abordar esta cuestión tanto con el Ministerio de Universidades como con el de Sanidad para conseguir una “solución acordada en función de los intereses generales”, después de haber arrastrado el problema durante casi dos décadas.

“La ordenación de la psicología sanitaria se ha realizado hasta ahora mediante disposiciones adicionales y finales, o enmiendas de última hora, esto indica una cierta precipitación en las medidas que ha derivado en el surgimiento de nuevos problemas”, ha expuesto.

Santolaya ha apuntado a que la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica del Sistema Universitario o del Real Decreto de Especialidades en Ciencias de la Salud son dos vías posibles pero ha apostado por una regulación que sea más “consensuada” entre ministerios. “Una parte puede hacer con toda su buena intención una norma, y no ver los efectos secundarios perjudiciales que podría tener”, ha apostillado.

“El Consejo sigue pensando que la Ley General de Salud Pública indica que el Gobierno debe regular el Grado de Psicología y no solo el itinerario de salud, pero obviamente si se agota la vía judicial, las sentencias hay que acatarlas”, ha agregado.