La desigualdad y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluido el laboral, en el que se ven sometidas a episodios de acoso, impulsan que el desempleo y la precariedad aumenten el riesgo de violencia contra las mujeres

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este domingo, las vocalías nacionales de Atención Primaria Rural y Urbana de la OMC, bajo la coordinación de Hermenegildo Marcos y Vicente Matas, respectivamente, analizan las condiciones en las que se aborda esta problemática en los centros de salud, para lo que se requiere, como exponen, coordinación, continuidad en la asistencia, detección precoz y, sobre todo, tiempo, ya que como advierten la masificación de las consultas impide, en muchas ocasiones, dedicar más de cinco minutos a este problema de primer orden para la sociedad española.

“El médico puede ser la única persona fuera de la familia a la que la mujer pida ayuda, estos profesionales tienen una oportunidad única y la responsabilidad de intervenir”, estas palabras de la AMA en su guía para el diagnóstico y tratamiento de la violencia doméstica refleja la importancia que el médico desempeña frente a este problema de primer orden con gran repercusión en la salud física y mental de las víctimas y sus allegados.

La violencia de género precisa un abordaje integral y la coordinación de profesionales e instituciones implicadas. El médico de Atención Primaria por su accesibilidad, continuidad en la asistencia y conocimiento del contexto familiar tiene un papel fundamental, casi todas las víctimas visitan a su médico de AP en el año siguiente a la agresión con incremento de la frecuentación en la consulta.

Si a la incidencia desconocida, ya que se estima que las denuncias representan el 5-10% de los casos, añadimos que sólo la tercera parte de las mujeres maltratadas se consideran a sí mismas víctimas, la importancia del médico de AP en la prevención, detección precoz y orientación es capital.

El papel del médico de AP comienza con la prevención e identificación de las mujeres con mayor riesgo y vulnerabilidad, estando alerta ante los factores como la violencia en la familia de origen, el bajo nivel cultural y socioeconómico, el aislamiento psicológico y social, la baja autoestima, el desempleo o el consumo de alcohol y drogas, entre otros.

La detección precoz, sobre todo en los casos referidos, se debe incorporar a la consulta diaria pudiendo utilizar preguntas facilitadoras como por ejemplo ¿cómo van las cosas en la familia?

En el caso de sospecha se debe valorar el riesgo de cualquier tipo de agresión o de suicidio y elaborar un plan de actuación y protección con los recursos disponibles. Se orientará, ofrecerá apoyo psicosocial y facilitará el contacto con grupos y asociaciones que trabajen en este campo e incluso, si se cree necesario, notificación al juzgado. Si hubiera hijos, estos pueden ser testigos o víctimas de la violencia y se debe contactar con el pediatra.

Es necesaria la sensibilización y formación de los médicos para reconocer y enfrentarse a la violencia de género. Entre los obstáculos que podemos encontrar está el miedo a no saber cómo preguntar o abordar la situación y ofender a la víctima.

Finalmente otro gran problema, para el abordaje de un problema tan complejo,  es la falta de tiempo que tienen muchos –demasiados- médicos de familia en su trabajo diario, casi la mitad de los médicos de familia tienen cupos de más de 1.500 personas, estos cupos suponen sobrecarga de trabajo en consulta diaria, que se agrava con la falta crónica de sustituciones en las ausencias de los compañeros del Centro de Salud y en demasiadas ocasiones a pesar de atender 40, 50 o incluso más consultas diarias un importante porcentaje de médicos de familia tienen demoras importantes.

En estas condiciones y con agendas en las que se citan pacientes, cada cinco minutos o poco más, es muy complicado realizar las tareas necesarias para detectar los factores de riesgo, buscar los indicios para relacionar ciertas patologías con violencia de género, interrogar detenidamente, para detectar casos en los que la propia víctima no es consciente de que está sufriendo violencia de género, se necesita mucho más tiempo para  abordar estos casos sin ofender a la propia víctima, desde luego es prácticamente imposible en cinco o incluso diez minutos.

En el informe AP25 publicado el año pasado por las vocalías de AP de la OMC se estimaba la necesidad de contratar más de 2.200 médicos de familia en el SNS, con un coste de poco más de 100 millones de euros anuales, para que los cupos no excedan los 1.500 personas, con lo que las consultas no estarían tan masificadas, se podrían asumir más fácilmente las acumulaciones y sobre todo se tendría más tiempo para dedicar a los pacientes y muy especialmente a las víctimas de violencia de género.

El médico de familia necesita tiempo para detectar, necesita tiempo para ofrecer las soluciones oportunas, para prevenir esta lacra a sus pacientes víctimas de violencia de género. En manos de las Administraciones está el facilitar, con un pequeño incremento de plantilla en determinados centros, que se pueda disponer de ese tiempo imprescindible.

El desempleo y la precariedad aumentan el riesgo de violencia contra las mujeres

La desigualdad y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres en todos los ámbitos de la vida, incluido el laboral, en el que se ven sometidas a episodios de acoso, impulsan que el desempleo y la precariedad aumenten el riesgo de violencia contra las mujeres

Así se desprende del informe “Empleos y salarios de calidad, claves para luchar contra la violencia machista», realizado por el sindicato UGT, que destaca que la inserción laboral de las mujeres que son víctimas de la violencia de género debería estar garantizada.

La Unión General de Trabajadores (UGT) denuncia que el desempleo y la mala calidad del empleo que se genera, con altas tasas de temporalidad y precariedad, aumentan el riesgo de las distintas formas de violencia contra las mujeres. Además, faltan políticas públicas que adopten medidas ágiles, efectivas y suficientes para lograr la inserción laboral de las mujeres maltratadas y el fin de la violencia de género.

Así se recoge en el informe “Empleos y salarios de calidad, claves para luchar contra la violencia machista» elaborado por UGT con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer, donde se señala que, según el borrador del último informe del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer de 2016, de las 44 víctimas mortales por violencia de género, solo el 41% estaba trabajando.

Asimismo, en este borrador se refleja que el total de contratos bonificados por violencia de género en 2016 supusieron tan solo el 0,009% del total de la contratación femenina registrada por los Servicios Públicos de Empleo, y de esa contratación bonificada, casi el 76% era temporal.

Para UGT, la inserción laboral de las mujeres que son víctimas de violencia de género debería estar garantizada. El total de contratos bonificados en 2016 y 2017 fue de 801 y 808, cifras totalmente insuficientes. Los datos reflejan importantes déficits en relación a las medidas implantadas para conseguir la inserción de este colectivo.

Actuar contra el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo

El informe de UGT denuncia también que el acoso sexual en el trabajo y el acoso por razón de sexo constituyen otra manifestación más de la violencia de género que sufren las mujeres, en este caso en el ámbito laboral. Según la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2018, un gran número de casos de acoso sexual no llega a denunciarse como consecuencia de varios factores: la escasa sensibilización social al respecto, el miedo al despido, la dificultad para conseguir pruebas, unos insuficientes canales de denuncia, seguimiento y protección de las víctimas y la normalización de la violencia.

Muy a menudo, denunciar casos de acoso sexual en el trabajo puede conducir al despido o al aislamiento de la víctima en el lugar de trabajo. Además, esta forma de violencia contra las mujeres en el trabajo tiene también graves repercusiones físicas, sexuales, emocionales y psicológicas para las víctimas, constituyendo una violación de las libertades fundamentales.

UGT reclama más sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Entre 2008 y 2017 encontramos tan solo 9 sentencias sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo, algo que para UGT es totalmente inaceptable, poniendo en evidencia que esta lacra social se encuentra aún demasiado invisibilizada en nuestra sociedad.

El sindicato está de acuerdo con la posición que desde Europa reclama a los Estados miembros la puesta en marcha de políticas activas y eficaces que prevengan y combatan cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluidos el acoso sexual y los acosos sexistas y de acoso laboral a los que la mayoría de las mujeres pueden estar expuestas en el ámbito laboral, destacando la necesidad urgente de establecer normas en materia de violencia y acoso en el trabajo, que proporcionen un marco legislativo para los gobiernos, los empleadores, las empresas y la actividad sindical a todos los niveles.

Mejores planes de prevención en el trabajo; procedimientos eficaces, transparentes y confidenciales para las víctimas; sanciones duras y disuasorias para los agresores; información exhaustiva y cursos de formación para que los trabajadores entiendan las políticas y los procedimientos; y apoyo a las empresas para que elaboren planes de acción a fin de aplicar estas medidas deben ser medidas fundamentales a adoptar de manera inmediata.

Para UGT, es imprescindible adoptar medidas y políticas más contundentes y eficaces contra las distintas formas de violencia de género. No será posible acabar con esta lacra social mientras no pongamos fin a la desigualdad y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Uno de estos ámbitos es el laboral, para lo que es necesario empleos y salarios dignos y de calidad. Las estadísticas demuestran que, con mejores empleos y condiciones de trabajo, las mujeres están más protegidas y tienen más recursos de cara a cualquier manifestación de violencia de género. Por ello, el sindicato reclama la necesidad de derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, muy lesivas para colectivos tan vulnerables como las mujeres.

UGT propone implantar protocolos de prevención y eliminación del acoso sexual en las empresas por ley, así como la formación obligatoria para todos los empleados y cargos directivos en las empresas, además de los operadores implicados en el control y sanción de este tipo de violencia en el ámbito laboral.

El sindicato considera necesario un enfoque integral de la violencia en el lugar de trabajo, incluido su tratamiento en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, y el endurecimiento de las sanciones de este tipo de comportamientos, el resarcimiento adecuado del daño a las víctimas, la eliminación de trabas que dificultan la denuncia, la prueba en vía jurisdiccional de este tipo de violencia y la adopción de un convenio internacional en el seno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que permita el tratamiento específico de la problemática de la violencia y el acoso en los lugares de trabajo, que defina un conjunto fundamental de principios que sustenten un enfoque inclusivo e integrado para su erradicación y que proporcione orientaciones sobre cómo se han de aplicar estos principios.

Por otra parte, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, resulta insuficiente para proteger de forma efectiva a las víctimas; y la Justicia debe formarse y actualizarse para no situarse al margen de la sociedad y situarse a la vanguardia en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres.

La erradicación de esta lacra social tiene que ser obra de todos. Tolerancia cero contra la violencia de género y luchar por la erradicación de todo tipo de conductas de violencia contra las mujeres y por la mejora de sus derechos y de su protección deben ser los objetivos transversales de todas las políticas en España.

44 víctimas mortales en lo que va de año

Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año ascienden a 44, según el último balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Este mes una mujer una mujer fue asesinada víctima de la violencia machista. Tenía dos hijas menores de edad.

Los juzgados españoles recibieron un total de 40.491 denuncias por violencia de género en el segundo trimeste de 2018, lo que supone una variación del -1,43% respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos aportados por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por tipo de denuncia, de las 42.077 denuncias interpuestas en el segundo trimestre de 2018, un total de 1.170 fueron presentadas directamente por la víctima en el juzgado; 152, por familiares; 2.186, por terceros, mientras que la mayor parte corrieron a cargo de atestados policiales (34.589) o mediante partes de lesiones directamente en el juzgado 3.980.

La preocupación por la violencia contra la mujer en España ha ido variando en el tiempo, según refleja los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La última vez que el CIS preguntó a los españoles por esta materia, en octubre de 2018, un 2,7% de los encuestados lo situó entre los tres principales problemas del país.

22_informe_ugt_sobre_v.go_2018