La Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Congreso de los Diputados dio este martes el primer paso para aprobar la proposición de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que ahora deberá aprobarse en el pleno

El texto ha contado con aportaciones de todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja y con la aprobación de cinco enmiendas, entre ellas una del PSOE y de Unidos Podemos, criticada por Ciudadanos, para que sean las comunidades autónomas las que decidan las sanciones en la Ley.

En concreto, el texto de esta enmienda, que tuvo 20 votos a favor y 17 en contra, establece que las infracciones dispuestas en la normativa queden sometidas al régimen sancionador previsto en la legislación de cada comunidad autónoma y, en ausencia de la misma, se aplique lo previsto en la Ley General de Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional, administrativa o laboral procedentes en derecho.

«Es incomprensible que desde partidos que dicen ser de izquierdas, en los que la igualdad debería ser una seña de identidad, se ceda a presiones y se quiera remitir el régimen sancionador a las autonomías. Esto es como si dijeran que el robo con fuerza en Aragón está penado con prisión permanente revisable y en Andalucía con una multa. Es intolerable y por eso nosotros mantendremos nuestra ponencia», aseveró a la salida de la Comisión de Sanidad el portavoz de Ciudadanos en la misma, Francisco Igea.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario del PSOE, Jesús María Fernández, explicó que han presentado la citada enmienda porque les parecía que es «innecesario» que haya un régimen sancionador único y que hay que dejar «espacio» al desarrollo legislativo por parte de las comunidades autónomas.

Dicho esto, y tras reconocer la necesidad de aprobar esta ley en España, Fernández comentó que algunas de las aportaciones realizadas por los socialistas como, por ejemplo, la incorporación de los profesionales de Enfermería como expertos necesarios en el proceso de atención, información y ayuda en la toma de decisiones ante el final de la vida; la inclusión del papel del voluntariado y el papel de asesoramiento, que no de decisión, de los comités de ética para la ayuda de la toma de decisiones en los casos en los que existan discrepancias.

Texto «enriquecido» por todos los partidos

Por su parte, Igea agradeció el trabajo realizado por todos los grupos parlamentarios en la elaboración de la ley, recordando que «no entra en competencias» entre las comunidades autónomas, como así lo ha sugerido el PSOE, sino que garantiza que todos los españoles son «iguales» y tienen los mismos derechos. «El trabajo que se ha hecho en la ponencia de estudio es excelente. Creemos que los españoles se merecen que alguna vez pensemos en ellos y no en nuestro próximo horizonte electoral», señaló el dirigente de la formación naranja.

Del mismo modo se pronunció la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Navarro, quien informó de que han retirado todas las enmiendas presentadas y aseguró que la ponencia de esta ley es un «ejemplo» de construcción y consenso, porque ha terminado con un texto «enriquecido y vitaminado» con la aportación de todos los grupos parlamentarios.

«Era una ley necesaria y demanda por la sociedad y por los profesionales sanitarios, porque supone una garantía en el proceso al final de la vida de las personas. Ha sido un largo y laborioso camino, pero hemos tratado con rigor esta norma para que sea una garantía de pleno respeto en el proceso final de la vida», añadió también diputada del PP, Isabel Cabezas.

La Comisión de Sanidad acordó también incluir en el texto normativo una disposición adicional sexta en la que se establece que «cuando se trate de personas con discapacidad, se garantizarán los medios y recursos de apoyo, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales que resulten precisas para que reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de forma libre y autónoma».

Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en la Comisión, Amparo Botejara, destacó también el «importante» trabajo realizado para realizar esta ley que ayudará a mejorar los últimos años de vida de los pacientes, si bien ha criticado a Ciudadanos que no haya incluido una memoria histórica.