Nacionalistas e independentistas se desmarcan alegando que el texto recoge derechos y deberes que ya están en normas autonómicas

El Congreso ha dado este jueves luz verde a la proposición de Ley que busca regular en España los derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. Todos los partidos, a excepción de PNV, PDeCAT y ERC, han apoyado este texto, impulsado por Ciudadanos, que comenzará ahora su tramitación en el Senado.

El debate ha estado protagonizado por las continuas recurrencias a la proposición de ley de Eutanasia, también en tramitación en la Cámara baja, y al artículo en el que se establece que las infracciones dispuestas en la normativa quedan sometidas al régimen sancionador previsto en la legislación de cada comunidad autónoma.

El texto precisa, además, que en aquellas regiones en las que esta materia no está legislada, se aplicará lo previsto en la Ley General de Sanidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad profesional, administrativa o laboral procedentes en derecho.

Como partido que defiende el texto, Ciudadanos ha señalado que esta norma busca poner fin a los datos que determinan que 50.000 personas que mueren en España al año sin cuidados paliativos y que muchos de ellos lo hacen sin saber que están muriendo, si que exista responsabilidad alguna por esta falta de información por parte de los profesionales.

El portavoz ‘naranja’ de Sanidad, Francisco Igea, ha recordado que esta ley garantiza el derecho de los pacientes a no ser engañados por su médico, de dispones de unas últimas horas con familiares y amigos o de hacer un testamento vital y que este se refleje en las memorias clínicas.

INVASIÓN DE COMPETENCIAS

Pero, la satisfacción de Igea por sacar adelante esta iniciativa ha quedado empañada por el ‘pero’ al texto relacionado con el régimen sancionador que los de Albert Rivera quieren unificar para todo el territorio.

Sólo el PP ha mostrado su apoyo a este punto. La diputada ‘popular’ Pilar Cortés, ha señalado que hay algunas comunidades autónomas que no tienen regulada esta materia y que dependerán de este texto nacional para la aplicación de las medidas para una muerte digna en sus centros sanitarios. Por tanto, ha indicado Cortés, necesitarán que este texto regule las sanciones.

A los argumentos de ‘naranjas’ y ‘populares’ ha respondido el portavoz del PSOE, Jesús Mari Fernández, que les ha reclamado, especialmente a Ciudadanos, que respeten la Constitución. Para el socialista, Igea pone en duda la eficacia de las autonomías a la hora de garantizar los derechos de las personas. Además, le ha reprochado que esté bloqueando la negociación de la ley de la eutanasia que según ha indicado, «es tan necesaria como esta» de muerte digna.

También la portavoz de Unidos Podemos en este debate, Amparo Botejara, se ha referido al régimen sancionador unificado que buscaba Ciudadanos, para señalar que su grupo confederal está más «por la formación de profesionales» que por las sanciones.

En su intervención, ha apuntado que el fin de esta norma es que los pacientes puedan acabar su vida en una cama en su casa, rodeados de familiares y sin sintomatología y que las prácticas paliativas desaparezcan se incluyan en la práctica clínica, como puede estar el diagnóstico. «Esperemos que esta ley sirva que que en España se pueda morir mejor, aunque lo dudamos, porque no hay financiación», ha apuntado.

Mientras, PNV, PDeCAT y ERC han coincidido en la argumentación de sus reticencias hacia esta ley: desarrolla un contenido acerca de derechos y deberes que ya recogen otras leyes y, en algunos puntos, invade competencias de las autonomías. Se trata, para ellos, de un texto «normativamente innecesario», según lo ha definido el diputado vasco. El representante de ERC, Joan Olòriz, cree, además, que se está legislando en materia de muerte digna para «no hacerlo en algo que es más urgente» como la eutanasia.

Finalmente, desde Unión del Pueblo Navarro, han mostrado su postura en contra de eliminar la vida de una persona, un argumento que ha rebatido su homóloga de Compromís, Marta Sorlí, para señalar que esta norma no habla de eliminar vidas, sino de eliminar el sufrimiento. La diputada ha celebrado que este texto sea «un paso más hacia la eutanasia» y hacia «dignificar» el proceso final de la vida, según informa Europa Press.