Estas normas forman parte de la estrategia de participación ciudadana implantada por la Consejería de Presidencia y Justicia

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado el día 19 de diciembre dos normas relacionadas con la estrategia de participación ciudadana implantada por la Consejería de Presidencia y Justicia. Por un lado, la Ley 7/2018, de 5 de diciembre, de Iniciativa Legislativa Popular de Cantabria, que entró en vigor el jueves día 20, y por otro, la Ley 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social de Cantabria, que lo hará el 1 de julio de 2019, tal y como se acordó de forma unánime por el Parlamento de Cantabria.

Ambas normas se enmarcan en la decisión de favorecer los mecanismos de participación ciudadana impulsados por la Consejería de Presidencia y Justicia durante esta legislatura en la idea de implementar, en palabras de su titular, Rafael de la Sierra «un marco normativo ordenado, flexible y coherente acompañado de la ordenación de todos los niveles de la Administración en políticas de participación, favoreciendo la consolidación y ampliación de procesos participativos, regulando «nuevos derechos», el reforzamiento de la estructura organizativa y la redefinición de instrumentos de participación hacia modelos mixtos que incorporen las nuevas tecnologías».

De la Sierra ha destacado la unanimidad con la que se han aprobado ambas normas, lo que, por sí solo, es una muestra de «lo necesario de la propuesta elaborada por su Consejería desde el mismo inicio de la tramitación administrativa». De hecho, según destaca el consejero, se han desarrollado sendos procesos participativos tras los que se han recogido numerosas sugerencias que han sido incorporadas al Proyecto de Ley, que, además, se ha enriquecido con las propuestas de los grupos parlamentarios.

Ambas normas, junto a la recuperación del Consejo de la Mujer o el Consejo de la Juventud, el Consejo Social de la Universidad e incluso la regulación del Consejo de Cultura y la puesta en marcha próximamente del Consejo para el Diálogo Social, unido a la implantación de las políticas de transparencia y la regulación de la atención a la ciudadanía, son «la muestra inequívoca de la voluntad que tiene este Gobierno por marcar una senda de colaboración con la sociedad civil a través del establecimiento de herramientas eficaces para la participación», ha señalado De la Sierra.

Ley de Iniciativa Legislativa Popular

Se trata de una reforma integral de la derogada Ley 6/1985, de 5 de julio, de iniciativa legislativa popular, que no tuvo, por otra parte, un recorrido demasiado exitoso.

La norma presenta, como principales novedades que se necesitan 4.000 firmas ¿frente a las 10.000 anteriores- a recoger durante seis meses prorrogables otros nueve ¿frente a los tres de antes-, permitiéndose la recogida a través de procedimientos electrónicos y páginas web habilitadas al efecto, con el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Cámara y la defensa de la proposición por parte de los promotores.

Se trata de una norma «de las más avanzadas del conjunto del Estado», según el Consejero de Presidencia y Justicia, «acorde con los avances tecnológicos, mucho menos rígida que la anterior y más garantista para el ciudadano, cono todo lo que ello implica, esto es, una eficaz herramienta de participación».

Ley del Consejo Económico y Social

Por su parte, con la Ley del Consejo Económico y Social, el Gobierno recupera un órgano creado en 1992 y que desapareció en 2012. Este nuevo CES se configura de forma diferente al anterior, más austero e integrado en la Administración, pero con la misma idea de ser un «instrumento permanente y estable de comunicación y diálogo, de participación en el ámbito socioeconómico y laboral entre la propia administración y las organizaciones económicas y sociales», en palabras de Rafael de la Sierra.

La voluntad por recuperar el CES se puso además de manifiesto en el Pleno del Parlamento de Cantabria, de 10 de octubre de 2016, con la aprobación al efecto de una proposición.

Una de las novedades del CES es su encaje en la propia administración, con el ahorro de fondos y flexibilidad que supone, lo que redundará, sin duda, en «una mayor eficacia del mismo», según ha señalado el titular de Presidencia y Justicia y un gasto «mucho más ajustado» que el que había en el CES anterior.

Con todo, la mayor innovación de este nuevo órgano de participación es la apertura a la sociedad civil. De la Sierra asegura que «la sociedad ha avanzado notablemente y no se puede configurar un órgano de este tipo como se configuró en su momento, sino que es necesario dar cauce a nuevos agentes, más especializados, de manera que la pluralidad se pueda ver recogida en la estructura del CES».

Así, de los tres grupos anteriormente existentes, el Consejo pasa a cuatro, siendo el nuevo el que recoja a una pluralidad de agentes sociales. Ello no supone un aumento sensible de los miembros del Consejo, pues se pasa de veinticinco a veintinueve. Lo que se ha hecho, señala De la Sierra, «es reestructurar la composición, dando entrada a colectivos, a nuestro juicio, indispensables, como la Federación de Municipios, la Universidad de Cantabria, los colegios profesionales, sindicatos minoritarios, sindicatos sectoriales y otro tipo de organizaciones».

De esta manera, seis miembros forman parte de los tres primeros grupos. El primero, formado por personas de reconocido prestigio en materia socioeconómica y laboral, de los que al menos uno representará a la Universidad de Cantabria y otro a la Federación de Municipios de Cantabria. Por su parte, el segundo lo forman los seis componentes de las organizaciones sindicales más representativas y el tercero los seis miembros, correspondientes a las organizaciones empresariales más representativas.

El grupo cuarto, novedoso, contará con diez miembros, representativos de diversos sectores de la economía social, tales como sociedades cooperativas, laborales o entidades asimilables; organizaciones de consumidores y usuarios; organizaciones representativas de intereses públicos, ya sean culturales, sociales, deportivos, derechos ciudadanos o cualquier otra de objetivos similares e interés común.

De ellos, necesariamente, se contará con un representante de las asociaciones de trabajadores autónomos, los colegios profesionales, las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones sindicales que, no teniendo la consideración legal de más representativas, alcancen el 5 por ciento de representatividad. Los seis restantes los elegirá el Parlamento.

Esta estructura ha sido avalada por un amplio respaldo de los agentes sociales y por el propio debate parlamentario, que apenas ha tocado este aspecto del proyecto elaborado por el Gobierno. De esta forma, según De la Sierra «se pone de manifiesto que hemos actuado correctamente, cumpliendo con nuestros compromisos y, sobre todo, con la idea de ser permeables a la sociedad en la que vivimos».

Por último, el consejero ha señalado el impulso que se le ha dado a los agentes sectoriales, incorporando su participación a través de las comisiones de trabajo específicas.

BOC LEY INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR

BOC LEY DEL CONSEJO ECONOMICO y SOCIAL