10/03/2022 El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado por unanimidad un sistema de vigilancia transitorio contra la COVID-19 que siga trabajando en la detección de los casos graves, los posibles aumentos de incidencia y las nuevas variantes, aunque con el horizonte máximo de marzo de 2023

Así se recoge en el texto aprobado este jueves en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) sobre Vigilancia en Salud Pública, que ha reunido a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a los consejeros de Sanidad de las CCAA y ciudades autónomas en Zaragoza (Aragón). Durante el encuentro, han determinado que habrá una «fase de transición» en la vigilancia de la COVID-19 hasta la implementación completa del sistema de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas leves (IRAs) en Atención Primaria y graves (IRAG) en atención hospitalaria, que se deberá producir en toda España «antes del fin del primer trimestre de 2023». Para ello, se constituirá un grupo de trabajo con la participación del Ministerio de Sanidad y las CCAA.

En colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Sanidad y CCAA determinarán el tamaño muestral necesario para la futura vigilancia epidemiológica de la población centinela de las IRAs. Tras ello, el grupo de trabajo creado elaborará una propuesta complementaria basada en el uso del Sistema Español de Resultados de Laboratorio para Pruebas Diagnósticas de SARS-CoV-2 (SERLAB) en dicha población centinela, que «servirá de impulso» para las comunidades que estén en proceso de incorporación al Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SIVIRA).

Sobre cuándo se pondrá en marcha el sistema transitorio, superando la actual vigilancia exhaustiva de la COVID-19, la ministra ha reconocido en rueda de prensa que las CCAA y Sanidad tienen «claro el cómo» pero no tanto el «cuándo». Por ello, han solicitado a la Ponencia de Alertas que realice una propuesta que sea elevada a la próxima Comisión de Salud Pública, que se celebrará la próxima semana, para «decidir a partir de qué elementos se podría empezar ya a poner en marcha este sistema transitorio para hacer un seguimiento de los casos vulnerables y graves».

Tal y como ha explicado la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, la vigilancia centinela es un método para recopilar datos epidemiológicos de manera sistemática y rutinaria en un número limitado de puntos, a través de la notificación de determinados facultativos en la Atención Primaria. Estos profesionales se eligen para que la muestra sea representativa de la población general.

«Creíamos fundamental la necesidad de acelerar el proceso de implementación de los sistemas de vigilancia centinela, que van a ser absolutamente fundamentales para conseguir de una manera práctica la vigilancia de la COVID-19, la gripe, del virus respiratorio sincitial (VRS)… Es una vigilancia más sostenible en el tiempo, más eficiente para los profesionales. Puede aportar una información de gran valor de la evolución de las infecciones y cuáles son los patrones de la enfermedad grave», ha defendido.

Calzón ha añadido que, en el marco de esta nueva vigilancia centinela, se va a crear un sistema de información para monitorizar las aguas residuales, similar al que funciona en la Comunidad de Madrid desde los comienzos de la pandemia, como «forma complementaria para la vigilancia de la COVID-19».

Mientras tanto, han acordado mantener un sistema de vigilancia transitorio «capaz de detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección precoz de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal». Además, tendrán que garantizar una «vigilancia individualizada» de los casos de COVID-19 en «ámbitos vulnerables y casos graves», así como la vigilancia y seguimiento de brotes epidémicos «en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés».

Igualmente, tendrán que mantener los sistemas de información desarrollados específicamente para el seguimiento de la COVID-19 «ante el riesgo de cambios negativos en el curso de la pandemia y aportar la información de los casos detectados en atención primaria incluidos en los códigos de IRAs».

También tendrán que garantizar «la capacidad suficiente de medios diagnósticos para la detección de nuevas variantes, con un nivel adecuado de secuenciación».

NUEVO MODELO DE VIGILANCIA DE SALUD PÚBLICA

Al margen de la COVID-19, durante el encuentro de este jueves Sanidad y CCAA se han puesto de acuerdo en un nuevo modelo de vigilancia de salud pública. «Es un paso decisivo. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto ámbitos de mejora estructurales de la vigilancia de salud pública y con ello la necesidad de acometer cambios para responder adecuadamente a los riesgos presentes y futuros para la salud de la población», ha apuntado.

El punto principal es la constitución de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, integrada por las redes de vigilancia nacionales y de las comunidades y ciudades autónomas, con «criterios coordinados de organización, gestión y calidad de la información, así como capacidad de adaptación suficiente para afrontar los retos emergentes y satisfacer las necesidades en constante evolución». Esta red incluirá la vigilancia de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, violencia y lesiones, determinantes sociales de la salud e inequidades en salud, e integrará la información procedente de otros sistemas de vigilancia como farmacovigilancia, salud animal, seguridad alimentaria, sanidad ambiental y otros.

«Es un compromiso muy ambicioso. Va a incluir enfermedades no transmisibles y otros aspectos como la salud animal y ambiental. Todo ello bajo la mirada de ‘One Health’, una sola salud», ha celebrado Darias. El acuerdo recoge la creación de equipos multidisciplinares de profesionales de salud pública en todas las CCAA que desarrollen funciones de vigilancia e intervención en protección de la salud, con una cobertura de «24 horas, siete días a la semana y los 365 días del año».

Sanidad y CCAA constituirán un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del CISNS que elaborará una propuesta antes de la finalización del 2022 para implementar una política de recursos humanos «coordinada» entre el personal de salud pública, que garantice «la generación y retención del talento, el relevo generacional, la dimensión adecuada de la plantilla a las funciones desempeñadas y el despliegue territorial necesario para afrontar los retos presentes y futuros con efectividad y calidad».

El compromiso alcanzado es que se utilicen los resultados de esta vigilancia para «la toma de decisiones en planificación y gestión sanitaria, así como en el diseño de intervenciones de salud, estableciendo mecanismos de coordinación entre los órganos titulares de salud pública y los sistemas asistenciales de cada comunidad y ciudad autónoma a implementar durante el año 2023».

Para ello, se han fijado como objetivo «impulsar la modernización de los sistemas de información vinculados a la vigilancia en salud pública y una infraestructura digital que facilite la disponibilidad y la oportunidad de los datos, para el SNS y cada comunidad y ciudad autónoma, tanto los que proceden del entorno sanitario como los no sanitarios. De la misma manera, han fijado fomentar la innovación e investigación en la vigilancia de salud pública para «facilitar la generación y transferencia de conocimientos que aporten valor añadido en diferentes áreas como la organización, tecnologías y herramientas metodológicas».