26/05/20 España es el único país de Europa que no los financia

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha exigido que los anticoagulantes orales de acción directa (ACODS) se financien durante la pandemia de COVID-19 a cargo de la Seguridad Social, porque estos nuevos anticoagulantes «son fármacos seguros para tratar el tromboembolismo pulmonar (TEP) o la trombosis venosa profunda (TVP) que ayudarían a evitar nuevos contagios de COVID-19, al no requerir que los pacientes acudan a un centro de salud para ajustar la dosis». Además, aseguran que, de aprobarse su financiación pública, se lograría un ahorro al año de más de 80 millones de euros.

«Pensamos que tras la primera oleada de ingresos por COVID-19 que ha afrontado nuestro sistema sanitario, ahora nos vamos a encontrar con una segunda oleada de trombos en las piernas y en los pulmones por la inmovilización, el encamamiento, el confinamiento o enfermedad médica, ya sea el COVID-19 u otra que haya provocado una movilidad reducida. Debemos prepararnos y el Ministerio de Sanidad debería aprobar de forma prioritaria la financiación pública de los anticoagulantes orales de acción directa. Urge ahorrar costes al sistema sanitario», ha destacado el doctor Luis Jara Palomares, neumólogo y coordinador del Área de Circulación Pulmonar de SEPAR.

La financiación pública de los ACODS o un visado para poder administrarlos en distintas situaciones clínicas es una reclamación que, desde hace años, han elevado a las administraciones públicas diferentes sociedades científicas, entre ellas SEPAR. Sin embargo, España es hoy el único país de Europa que no financia dichos fármacos, a pesar de que las Guías de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo del embolismo pulmonar agudo desarrolladas por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en colaboración con la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS), de 2019, ya establecen que los nuevos anticoagulantes orales deben ser el tratamiento de primera elección para tratar estos episodios.

«De las opciones terapéuticas disponibles para tratar el tromboembolismo pulmonar, en esta era COVID-19 hay que recurrir a aquellas que no precisen un control en el sistema sanitario, para que el paciente no tenga que acudir a un centro de salud y así se evite su contagio. Una opción son las heparinas de bajo peso molecular, pero su coste aproximado es de 300 euros al mes por paciente. La otra opción terapéutica que tenemos no está financiada por la Seguridad Social: Son los anticoagulantes orales de acción directa, con un coste mensual de unos 85 euros, que ahora pagan los pacientes de su bolsillo», explica el doctor.

«En el actual contexto de pandemia de COVID-19 urge aprobar la financiación pública de los ACODS para tratar los episodios de TEP y TVP porque tienen una doble ventaja: pueden ayudar a evitar nuevos contagios de COVID-19 y ahorrar al sistema sanitario más de 20 millones de euros. Esto se debe a que, respecto a los antagonistas de la vitamina K, los ACODS son igual de seguros, más eficaces, y con la ventaja de que el paciente no tiene que acudir a un centro de salud para realizar un ajuste de dosis, lo que disminuiría el riesgo de nuevos contagios; y, respecto a las heparinas de bajo peso molecular, el coste de los ACODS es cuatro veces menor», añade Palomares.