13/05/20  La consejera de Economía y Hacienda afirma que la caída de ingresos en las transferencias del Estado no se prevé «especialmente significativa»

La consejería de Economía y Hacienda, María Sánchez (PSOE), ha cifrado en 63,26 millones de euros el gasto ocasionado, a fecha de 30 de abril, por el COVID-19 en Cantabria, y también ha cuantificado en 163,9 millones lo que el Ejecutivo regional dejará de percibir por el impacto de la pandemia en los tributos propios de la comunidad autónoma debido a la caída de la actividad.

Así lo ha afirmado este miércoles la consejera durante su nueva comparecencia ante la comisión especial del COVID-19 en el Parlamento de Cantabria, en la que ha advertido que, dado que es momento de «mucha incertidumbre», hacer previsiones es «muy costoso».

Según un estudio realizado, y con la incertidumbre ya citada por la consejera, se prevé una caída de 93,6 en los impuestos indirectos y de 70,3 en tasas y precios públicos. Además, Cantabria también sufrirá una caída de ingresos procedentes de las transferencias del Estado, aunque, según Sánchez, «no es especialmente significativa». Ha explicado que el Gobierno de España ha remitido una comunicación oficial de aquellos ingresos que Cantabria van a recibir.

Ha valorado que el Estado haya garantizado la financiación de las entregas a cuenta previstas, algo que supone «un esfuerzo que hay que agradecer» ya que –ha advertido– si en estos momentos se actualizarán dichas entregas a cuenta con la previsión de crecimiento actual la comunidad recibiría 500 millones menos, dejando una situación «muy complicada».

Además, la consejera ha señalado que, además, Cantabria recibirá unos 10,2 millones de euros de fondos adicionales aprobados por el Gobierno central para ayudar a las comunidades en la situación del COVID-19, sin incluir lo que se vaya a recibir del fondo de 16.000 euros no reembolsable anunciado por el Gobierno para distribuirlo entre los distintos territorios. Respecto a este fondo, la consejera socialista ha recordado que «discrepa» y está «en desacuerdo» con los criterios de reparto que se han establecido. Lo que, al parecer, ya se ha avisado –aunque sin comunicación oficial– es que no llegarán 18 millones de euros que le correspondían a la comunidad para políticas activas de empleo.

Gastos

En cuanto a los gastos, de los casi 63,3 millones ya hechos, 22,45 millones son por gastos directos (de los 22,15 son sanitarios y 0,3 por sociosanitarios) y 40,77 millones por indirectos, esto es que sin tener relación directa con actuaciones sanitarias o sociosanitarias específicas en relación con la pandemia, sí han resultado inducidos por ésta.

En su intervención, Sánchez ha expuesto el coste concreto e impacto en el Presupuesto de las medidas anunciadas por el Gobierno de Cantabria en su plan de lucha contra el coronavirus, algunas de las cuales –ha reconocido– sí provocaran algunas «tensiones en Tesorería».

Este es el caso, por ejemplo, de la ampliación de dos meses de los plazos de presentación de declaraciones de impuestos de gestión autonómica, medida que tendrá un impacto inmediato de 56 millones pero recuperable a lo largo del año. Lo mismo ocurre con la ampliación y aplazamientos y fraccionamientos del pago de deudas, que tendrán un impacto directo en el presupuesto de unos 12 millones, pero también recuperable a lo largo del año. Según ha señalado, varias de las medidas anunciadas tendrán un impacto económico «cero» sobre el Presupuesto de la comunidad autónoma en 2020, ya que el gasto que suponen o bien se financian con transferencias hechas por todas las consejerías; o con transferencias del Gobierno de España o se atiende directamente desde algunas secciones presupuestarias o con redistribuciones de créditos.

Uno de estos casos sin impacto sobre el Presupuesto son los 8 millones del Plan de Choque municipal ya que, según ha explicado Sánchez, se financia con la afectación de la segunda parte del Fondo de Cooperación Municipal que, según ha anunciado, se pagará en el segundo semestre del año, sobre finales de septiembre.

También ha defendido algunas medidas para el fomento de la actividad económica cuestionadas por algunos de los grupos parlamentarios, como es la ampliación de la garantía de la línea de avales del Estado, que tendrá un impacto económico de 110 millones pero el efecto presupuestario no se produce hoy sino en ejercicios presupuestarios futuros. Según Sánchez, esta medida «permite facilitar el acceso al crédito a las empresas y autónomos de la región, necesidad latente hoy, y permite no consumir presupuesto que debe ser destinado a otras prioridades, como sanidad». «Se pueden cubrir dos objetivos sin perjudicar ninguno de ellos», ha señalado.

Por ello, ha mostrado su «extrañeza» a que algunos grupos de la Cámara afirmen que esta medida no es necesarias cuando –ha dicho– recoge «el sentir» de los empresarios. De hecho, ha señalado que este colectivo ha pedido llegar no solo al 90% de garantía sino al 100%, algo que, sin embargo, no está permitido por la normativa de la UE.

Periodo medio de pago a proveedores

También se ha referido a la agilización de los pagos, con el objetivo de mantener el periodo medio de pago a proveedores tras bajarlo desde los más de 106 días a 25 en febrero y los 24 en marzo, por debajo del límite legal de 30 días. La consejera ha señalado que para llevar a cabo esta reducción se ha hecho un plan de tesorería y acudir a un corto plazo «para aliviar las tensiones de liquidez» y así poder pagar. Según ha dicho, esta tensión ha sido resuelta con los pagos anticipados de las entregas a cuenta.