El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el plan contra las pseudoterapias que presentaron la semana pasada los ministerios de Sanidad y Ciencia, y al que dieron el visto bueno las comunidades autónomas el jueves en el Consejo Interterritorial del SNS. Así anunció la ministra portavoz Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el de Universidades han presentado el plan de protección contra las pseudoterapias», explicó la ministra portavoz. Celaá detalló que se establecen cuatro líneas de trabajo: la difusión de información basada en conocimiento y la evidencia científica, acabar con la publicidad engañosa, garantizar que «toda actividad sanitaria la realizan profesionales titulados eliminando de los centros sanitarios las pseudoterapias».

Este plan, que fue presentado en el Instituto de Salud Carlos III, es el primero de una serie de medidas frente a las pseudociencias que prepara el Gobierno, como el Programa de Cultura Científica, con el que se pretende eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios y las universidades, entre otras acciones.

Este documento contempla la puesta en marcha de acciones de comunicación dirigidas a todos los agentes (administraciones públicas, profesionales sanitarios, medios de comunicación, sociedades científicas, colegios profesionales, la ciudadanía en general) con mensajes adaptados a las necesidades de cada uno de ellos para la difusión del conocimiento y la evidencia científica generada respecto a las pseudoterapias.

La información partirá de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud  (REDETS) que será la encargada de elaborar informes que incorporarán de forma sistemática todo el conocimiento y evidencia científica existente sobre las pseudoterapias.

Estos informes serán la base de las comunicaciones que se realicen para trasladar a la sociedad la información existente sobre este tipo de pseudoterapias de forma que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas y responsables sobre su uso.