Las conclusiones no incluyen ningún informe de actuación ni de carácter especial, que necesariamente deberían de haber sido propuestos en caso de haber detectado hechos graves o relevantes

El Servicio Cántabro de Salud ha recibido el informe definitivo de control financiero permanente de la contratación administrativa (Capítulos II y VI) en el SCS correspondiente al ejercicio 2017, que admite varias de las alegaciones presentadas tanto por su Gerencia central como por los hospitales y Atención Primaria, y concluye que los procedimientos se adecúan en general a la normativa vigente.

Una de las más relevantes es la referida a las obras en el edificio que alberga el Hospital Virtual Valdecilla, dado que se trata de una de las contrataciones cuestionadas. Así, el informe, en su versión definitiva, admite las alegaciones presentadas, suprimiendo la referencia a su fraccionamiento.

En otros casos acepta explicaciones sobre el procedimiento de contratación que han seguido los diferentes hospitales y la Gerencia de Atención Primaria. Según se recoge en el informe, la Intervención General constata que muchas de las conclusiones se refieren a meras incidencias en los expedientes.

También valora positivamente en distintos apartados las mejoras procedimentales que se han ido introduciendo en materia de contratación en el SCS, así como la asunción por este organismo de las instrucciones sobre contratación emitidas por la Intervención General y la Dirección Jurídica, observando una evolución positiva, respecto a ejercicios anteriores, en el cumplimiento de la normativa sobre adquisición de bienes y servicios por vía de donación o cesión de uso.

En otros casos, manteniendo apreciaciones del informe provisional y reconociendo expresamente que determinados procedimientos son conformes a la normativa y no infringen precepto alguno, se efectúan recomendaciones con el fin de introducir mejoras en los pliegos administrativos que faciliten la participación en la licitación o para contribuir a una mayor transparencia al facilitar la información.

Del mismo modo, en otros casos, la propia Intervención General, ante las dudas de que pudieran existir fraccionamientos del objeto de un contrato, así como en relación con la indefinición legal de la utilización de bienes por la Administración antes del acto formal de recepción, propone que se realicen consultas jurídicas a fin de interpretar correctamente la normativa cuando ésta presenta indefiniciones y dotar de mayor seguridad a las actuaciones de los órganos de contratación del SCS.

También, al igual que ya recogía el informe provisional, concluye que los procesos de contratación y tramitación de los expedientes de contratación administrativa se adecúan en general a la normativa vigente, tanto en el caso de los contratos menores como en el de los otros expedientes de contratación, abiertos, negociados o restringidos. Una conclusión relevante dado el ingente volumen de contratación que realiza el SCS y la complejidad de los procedimientos de contratación en el ámbito sanitario.

El trabajo de la Intervención se ha realizado de acuerdo con la Ley de Finanzas y la circular 1/2007 de la Intervención General sobre Control Financiero Permanente. En sus conclusiones no incluye ningún informe de actuación ni de carácter especial, que hubieran sido propuestos en caso de haber detectado hechos graves o relevantes como contempla la citada circular.

La mejora reconocida en el informe para determinados procedimientos que viene realizando el SCS se va a continuar produciendo siguiendo las recomendaciones de la propia Intervención General, como es lo pertinente, dado el cometido que le corresponde con este tipo de informes. En este sentido, las incidencias que el informe definitivo mantiene como tales serán objeto de un especial seguimiento en los futuros procesos de contratación del SCS. Algo que, por otro lado, es habitual siempre que se reciben, todos los años, los informes definitivos de control financiero de la Intervención General, cuya finalidad esencial es comprobar que el funcionamiento en el aspecto económico-financiero del sector público se ajusta al ordenamiento jurídico y al principio de buena gestión financiera, promoviendo a la vez mejoras técnicas y de procedimientos.