Este certamen, impulsado desde la Consejería de Presidencia, reconoce las iniciativas que mejoren el servicio de la Administración Pública

La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria ha convocado la VIII edición de los Premios de Investigación del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria (CEARC), que reconocen los estudios e iniciativas que mejoren el servicio y el funcionamiento de la Administración Pública de Cantabria.

El Ejecutivo regional quiere así posibilitar la apertura de nuevas líneas de investigación en el ámbito de las administraciones públicas y de la función pública, así como la promoción y puesta en valor del papel de estas organizaciones en nuestra Comunidad.

Según recoge el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) se convocan dos modalidades de los premios: la primera para personas a título individual o equipos de trabajo externos a las administraciones públicas de nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea, y una segunda, dirigida a empleados públicos, en equipo o individualmente.

Los premios contarán con una dotación máxima de 12.000 euros. En cada modalidad se prevé un premio máximo de 5.000 euros y se podrá otorgar accésit, por valor de 1.000 euros.

Tras su supresión en 2011, el Gobierno autonómico ha recuperado durante la presente legislatura este certamen con el objetivo de facilitar e impulsar los estudios e iniciativas que mejoren el servicio y el funcionamiento de la Administración Pública de Cantabria.

En la pasada edición, José Vicente Mediavilla Cabo y Manuel Francisco Rodríguez Maseda obtuvieron los galardones con sendos trabajos relacionados con la ordenación territorial, el primero, y sobre la dirección estratégica en las administraciones públicas, en el segundo caso.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha defendido la «rentabilidad práctica» de los premios de investigación en el entorno de la Administración Pública Autonómica y más en momentos de «cambios» como el que viven las organizaciones en la actualidad, con «profundas» modificaciones normativas y cambios tecnológicos que afectan al trabajo diario. «Para una adecuada prestación de los servicios públicos es necesaria la reflexión teórica y práctica» de los expertos para tomar decisiones adecuadas», ha subrayado De la Sierra.

El plazo para la presentación de los trabajos de estudio e investigación será de tres meses. A la hora de evaluar las obras presentadas, el jurado de los premios valorará el interés y el carácter innovador del contenido, así como su coincidencia con los temas prioritarios del certamen; la calidad científico-técnica, coherencia y rigor en el análisis y en la formulación de conclusiones; la repercusión e incidencia de los resultados obtenidos en la práctica administrativa, junto a la corrección y claridad de la expresión escrita.