El pasado viernes 27 de enero ha tenido lugar, de forma semipresencial, la asamblea conjunta entre los representantes provinciales de la sección de médicos de Atención Primaria Rural y de los médicos de Hospitales en la sede del Consejo

En la asamblea se han abordado las consecuencias e implicaciones que conlleva la aplicación de la actual Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (de aquí en adelante, la LORE) y se han presentado los resultados de un informe de demografía médica realizado por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León.  El encuentro ha sido presidido por Pilar Sánchez Conde, representante de la sección colegial de médicos de Hospitales del CGCOM, así como por Hermenegildo Marcos Carrera, representante de la sección colegial de Atención Primaria Rural del CGCOM.

Durante la celebración de la asamblea ha tenido lugar una mesa redonda en la que se han planteado el alcance y la repercusión, a la luz del Derecho Sanitario, de la entrada en vigor de la LORE: la primera ponencia fue impartida por Ricardo De Lorenzo, director de los Servicios Jurídicos del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM) y presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario; la segunda ponencia, ofrecida por Francisco Vara, jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de Los Montalvos de Salamanca y vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia, fue aprovechada para reflexionar alrededor de los cuidados paliativos y las prestación de ayuda a morir. Más en particular, los ponentes analizaron la trascendencia de esta reciente modificación legislativa y, asimismo, examinaron el procedimiento recogido en la LORE, que se inicia con una solicitud del paciente al médico responsable, continúa con un proceso deliberativo y, en caso de que persista el deseo del paciente, se requiere un informe al Comité de Garantía de ámbito autonómico, teniendo siempre presente que el objetivo de los médicos es asistir y acompañar al paciente en todo momento durante su enfermedad.

En ambas intervenciones se ha insistido en acotar bien los términos relativos a la eutanasia y al proceso del final de la vida, y, del mismo modo, se ha tratado el tema del derecho a la objeción de conciencia, reconocido como derecho fundamental en la Constitución Española y actualmente recogido en el Código de Deontología Médica. A este respecto, se ha debatido sobre la conveniencia de que existan registros de objetores de conciencia en las Comunidades Autónomas, dado que también debe ser reconocida la objeción de conciencia sobrevenida y no inscrita y, por último, si se estimase conveniente la existencia de estos registros, se ha determinado que se debe facilitar su disponibilidad en los Colegios de Médicos.

En este orden de cosas, a lo largo del debate se ha incidido en las evidentes contradicciones que presenta la LORE con la Constitución Española en todo lo que se refiere a la objeción de conciencia como derecho fundamental individual, que, precisamente por su naturaleza personal, debe ser inscrito en el registro pertinente por cada objetor de manera personal, no pudiendo acogerse a este derecho instituciones completas, tales como hospitales de índole religiosa.

Asimismo, se ha hablado sobre la importancia de una cobertura completa de cuidados paliativos para que cualquier enfermo en el ámbito nacional pueda acceder a estos cuidados como un derecho inapelable para afrontar el final de la vida, lo cual no está garantizado actualmente planteando situaciones de verdadera gravedad y de profundo drama humano con funestas consecuencias, tanto físicas como psicológicas, para el enfermo.

Para finalizar esta asamblea nacional conjunta, el Dr. Galiciano Estrada, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Segovia, ha presentado, con el objetivo de actualizar los datos de los colegiados y de analizar prospectivamente la situación de la profesión médica, un informe pormenorizado de demografía médica realizado por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. Este informe, auspiciado por el CGCOM y aplicable a todo el territorio nacional, estudia exhaustivamente los datos y propuestas de mejora para Castilla y León, extrapolables al resto de Comunidades Autónomas.

Según los datos de este estudio, presentado el pasado 3 de junio de 2022 en las Cortes de Castilla y León con el fin de actualizar los datos de los últimos tres años de colegiación, se evidencia una falta de relevo generacional, caracterizada por una población de médicos envejecida y por la ausencia de recambio a corto plazo en algunas especialidades como la Atención Primaria, muy importante por constituir la puerta de entrada al sistema y cuyas carencias se estima que no serán resueltas hasta dentro de diez años. Esta problemática ya ha sido transmitida a la clase política. Sin embargo, no se han llegado a aplicar las soluciones propuestas en las reuniones, que pasan por un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos que haga «atractiva»la especialidad para los profesionales y «segura y de calidad»para los pacientes, lo cual, sumado a una mejor financiación y a un fomento de la estabilización y fidelización del empleo, constituiría un importante pacto por la sanidad.

La jornada ha concluido con un intercambio de opiniones entre médicos de hospitales y médicos de familia de atención primaria rural en el que en todo momento se ha hecho referencia al paciente como centro de la asistencia, pues solo poniendo al paciente en el centro, caminamos hacia una mejora de la calidad asistencial y a una verdadera continuidad entre la Atención Primaria y el resto de ámbitos de nuestro sistema