La profesora de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Extremadura habló sobre La voz de alarma del médico: su papel protagonista en el detección y prevención de la violencia de género y violencia sexual,  

La doctora María Ibáñez resaltó que España ha sido un país pionero en la lucha contra la violencia de género, aunque en la actualidad y a pesar de disponer de una amplia relación de normas que prevén, desde un punto de vista integral, la persecución y eliminación de la violencia ejercida sobre la mujer por su pareja o expareja, “la violencia de género sigue constituyendo un fenómeno complejo y polémico”. Para la profesora de Medicina Legal y Forense, “la realidad social y la estructura machista y patriarcal ha demostrado que este desarrollo normativo no puede atender a las consecuencias de la violencia machista en su totalidad”.

La doctora María Ibáñez, profesora de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Extremadura intervino en el Colegio de Médicos de Cantabria en donde habló sobre La voz de alarma del médico: su papel protagonista en el detección y prevención de la violencia de género y violencia sexual.

La profesora de Medicina Legal y Forense fue presentada por la responsable del Observatorio de Género y Profesión del Colegio de Médicos, la doctora Montserrat Matilla, quien destacó que la violencia de género es un problema de salud pública, “que tiene un impacto muy importante en la salud de las mujeres y los niños”. La doctora Matilla resaltó que no hay que olvidar que existe un vínculo muy importante entre la violencia de género y la salud mental e instó a los profesionales a reconocer cuáles son los signos de alarma para realizar una detección y prevención de la violencia de género. Para ello, solicitó poner a disposición de “los pacientes todos los recursos disponibles para reparar lo antes posible los daños físicos y psíquicos que ocasiona”.

“Para ello es fundamental la formación, porque es algo indispensable para nuestra profesión, para ejercerla en las mejores condiciones posibles y ofrecer la mejor calidad de atención a nuestros pacientes”, recalcó la doctora Matilla.

En el mismo sentido, la especialista en Medicina Legal manifestó que el abordaje de víctimas de delitos sexuales requiere tiempo, formación y compromiso. “Los profesionales encargados del abordaje a las víctimas han de ser comprensivos y empáticos, al tiempo que debe proceder de una manera racional, con procedimientos científicamente fundados”, recalcó la doctora Ibáñez.

Asimismo, subrayó que la falta de sensibilización y conocimiento de este fenómeno por parte de los profesionales sanitarios puede generar situaciones que incrementen el sufrimiento de la víctima por la doble victimización que padece la víctima abusada, agredida o maltratada “culpada” de su situación de maltrato.

Para María Ibáñez, los delitos contra la libertad sexual constituyen uno de los más graves atentados de los derechos humanos amén de representar un problema de salud pública. Son fenómenos relativamente frecuentes de los que derivan graves repercusiones para la salud y el desarrollo de las víctimas las cuales no es extraño que demoren la revelación del atentado sexual por temor a una reacción negativa de su entorno o por amenazas del abusador/agresor. Se trata de delitos perpetrados habitualmente en la intimidad, por lo que no hay testigos ni pruebas externas de lo acontecido”.

La violencia sexual infringida contra personas de especial vulnerabilidad, como los menores de edad o mujeres con discapacidad, constituye una realidad compleja que requiere una intervención multidisciplinar en la que todos los profesionales e instituciones involucradas en su asistencia han de contar con un elevado nivel de preparación y procedimientos conforme a protocolos normalizados. Explicó que en la investigación médico-forense de estos delitos concurren una serie de particularidades que la convierten en una de las prácticas más controvertidas en el quehacer diario de los médicos adscritos a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Pico del Iceberg

La profesora de Medicina Legal y Forense subrayó que los casos denunciados, son simplemente “el pico del iceberg”. Son delitos que aparecen infrarrepresentados en cuanto al número de denuncias presentadas que se acompañan, en la mayor parte de los casos, de una ausencia objetiva de hallazgos lesivos y en los que concurre una comunicación distorsionada con la víctima por las dificultades de comprensión y expresión de determinadas cuestiones.

Por eso, a partir de la evidencia científica cobra vital importancia en estos supuestos la valoración y correcta interpretación de los hallazgos encontrados en la investigación ya que la ausencia de lesiones no implica que el atentado no haya tenido lugar y, por otra parte, una incorrecta interpretación de los hallazgos lesivos puede conducir a una falsa acusación con consecuencias devastadoras incluso para la víctima.

Por otro lado, manifestó que la violencia sexual contra la infancia es un problema social que tiene máxima importancia, prueba de ello es la emisión de la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, que desarrolla una estrategia de abordaje multidisciplinar que estará presidida por el principio del interés superior del menor.

Ante situación recalcó que los profesionales sanitarios han de plantearse cuál ha de ser su actuación en las consultas, desde tal posición privilegiada para detectar precozmente a las víctimas de violencia de género. “La actitud de búsqueda proactiva del sanitario en general, y del médico en particular, se encuentra íntimamente relacionada con su capacidad de detección, ya que la ausencia de sensibilidad hacia este fenómeno, los prejuicios hacia la víctima del maltrato, la simplificación diagnóstica, etiquetando el problema sin profundizar en su auténtica etiología, representan obstáculos que dificultan su detección y abordaje profesional”, explicó la profesora.

Recordó, que en el ámbito de atención sanitaria, el Pacto de Estado aprobado en el año 2017, apostó decididamente por convertir a los centros sanitarios en un espacio de detección temprana, atención y derivación, implicándolos activamente en los procesos de valoración de las víctimas, propugnando la implementación de fórmulas de coordinación multidisciplinar en materia de violencia de género en los centros sanitarios y hospitales donde haya profesionales de distintos ámbitos.