El anteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública, que cuenta con una dotación de 9,45 millones de euros en 2022 dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entró en consulta pública en septiembre de 2021. Desde entonces, el Gobierno no ha puesto fecha a cuándo se va a poner definitivamente en marcha, tampoco sobre su ubicación ni quién va a ser su director.

Organizaciones como la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) han reclamado que esta institución se descentralice de Madrid, siguiendo el ejemplo de otros organismos supranacionales, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

«Es oportuno que se aleje de la centralidad metropolitana en línea con las políticas territoriales de futuro que pretenden descongestionar las áreas de alta densidad demográfica y facilitar la distribución social y económica en todo el territorio», defendió SESPAS en el informe que aportó en la consulta pública.

Según el Ministerio de Sanidad, este Centro tendrá «autonomía funcional» y se dedicará al «análisis y estudio, evaluación de políticas e intervenciones públicas, asesoramiento técnico, propuesta de medidas a las autoridades sanitarias y preparación y coordinación de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria».

Asimismo, contará con personal «de la más alta capacitación científico-técnica en las distintas áreas y materias». «Será un centro de excelencia que aglutine las competencias hasta ahora dispersas en esta materia: por un lado, la vigilancia en salud pública, evaluaciones de riesgos y análisis de la situación en salud de la población española; y, por otro lado, la preparación del sistema sanitario ante amenazas para la salud pública, principalmente de carácter epidemiológico, y la coordinación de las respuestas», justificó el Ministerio.

Por otra parte, Sánchez ha abordado algunos de los retos sanitarios a los que se ha enfrentado su Gobierno, principalmente la lucha contra la pandemia de COVID-19, pero también la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la regulación de la eutanasia o la apuesta por la salud mental.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado las «miles de vidas perdidas» por la COVID-19, «la peor pandemia del último siglo». «Son personas que echamos en falta cada día, son vidas que no podremos olvidar mientras vivamos», ha afirmado.

En cualquier caso, ha loado los grandes avances contra la COVID-19, que en marzo de 2020 era «una avalancha imparable». «Hoy, las hospitalizaciones están controladas, aunque hayan aumentado por esta ola de contagios. Pero las calles están llenas de vida y las mascarillas ya no forman parte de nuestras sonrisas», ha celebrado.

Sánchez ha mostrado su «gratitud eterna» a los sanitarios que han gestionado y siguen gestionando la pandemia, y también ha agradecido a los ciudadanos su «confianza» en las instituciones, «en especial en el Sistema Nacional de Salud y en los profesionales sanitarios».

Asimismo, ha recordado que en este mes de julio se ha aprobado el nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que tiene como objetivo impedir que los sanitarios puedan estar trabajando más de tres años con contrato de interinidad sin ser funcionario, así como hacer fijos a hasta 67.300 profesionales en España.

La Ley establece que, transcurridos tres años desde el nombramiento de un sanitario interino, esta vacante «solo podrá ser ocupada por personal fijo». Además, también intenta fijar límites a la contratación de interinos, restringiéndolo solo a «razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia».

En cuanto a la vacunación contra la COVID-19, ha reivindicado que el Ejecutivo la ha impulsado «con todas las fuerzas», lo que ha permitido que «más de un 90 por ciento de los conciudadanos esté ya vacunado con la pauta completa».