La vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Manuela García Romero, participó en un encuentro enmarcado en los debates previos a la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada hace 11 años

En esta reunión, organizada por la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas; intervino también la ministra de Igualdad, Irene Montero. Durante el encuentro, la ministra Irene Montero señaló que la garantía de derechos pasa por preservar y asegurar la calidad del trabajo de las profesionales de la salud, cuidando el sistema público de salud. “El encuentro con profesionales de la salud pone en relieve el necesario consenso para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres”, aseguró.

Para la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas “ampliar y garantizar el ejercicio de los derechos vinculados a la misma en todo el territorio estatal” es una de las principales prioridades del organismo que dirige.

El proceso de reforma, recientemente iniciado, pretende involucrar y contar con la experiencia de profesionales y agentes implicados en salud sexual y reproductiva, con el fin de enriquecer el debate, analizar las carencias existentes y proponer avances en la materia. Por ello, hoy se ha reunido con una veintena de representantes de colegios y asociaciones de profesionales de diversos campos sanitarios (medicina general, obstetricia, ginecología, enfermería, sexología, psicología, etc.).

Durante la reunión, la directora del Instituto de las Mujeres destacó que se trata de un proceso de escucha en la diversidad, que parte del «reconocimiento a las predecesoras en la defensa y conquista de derechos, así como a las profesionales sanitarias que han estado en un contexto difícil, y el debate y el dialogo se debe hacer desde ese reconocimiento».

El CGCOM en defensa de la Objeción de Conciencia

Por su parte, la doctora Manuela García Romero, vicepresidenta segunda del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) mostró la disposición del Consejo “para colaborar con el Gobierno informando preceptivamente sobre cualquier proyecto de disposición que afecte a las condiciones generales del ejercicio profesional”. Asimismo, recordó que en cumplimiento de sus funciones el CGCOM una vez estudiada las modificaciones contempladas realizará las alegaciones oportunas conforme establece la Ley.

En cuanto a la Ley del aborto y la objeción de conciencia, expuso que las acciones médicas tanto en el comienzo como en el final de la vida siempre han estado cargadas de un alto interés ético por la repercusión ideológica, personal y moral.“Esto no quiere decir que en elprofesional el respeto a la vida no vaya acompañado de un respeto con las legislaciones que decidan sobre las situaciones derivadas del derecho al aborto”, aseguró.

La Objeción de conciencia del profesional sanitario (OCPS) es la solución reclamada para resolver situaciones donde las creencias y valores morales del profesional sanitario no permiten cumplir con el mandato legal. En este sentido, matizó que “forzar la conciencia de los profesionales en cualquier sentido bien a favor o en contra de un cumplimiento y desde voluntades ajenas de terceros es inconstitucional y deontológicamente rechazable”.

“Que un derecho ciudadano o una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible a los ciudadanos, no depende solo del profesional que por razones morales pueda objetar a su realización. Se debe garantizar a través de los dispositivos asistenciales públicos previstos para tal fin manteniendo idéntico nivel de calidad y accesibilidad en la respuesta”, manifestó que la Dra. García Romero para después puntualizar que esta misión corresponde a los responsables de la dirección y gestión de los servicios que deben prestarla, lo que precisa una respuesta organizativa y gestora apropiada sin atentar contra el derecho a objetar de los profesionales sanitarios.

Otros aspectos que abordó fue la petición del CGCOM de evitar el uso del término violencia para describir prácticas profesionales de asistencia al embarazo, parto y postparto que ha contribuido al descenso importantísimo de la morbimortalidad materno infantil en nuestro país. «Sólo hay que comparar estadísticas el término crea una alarma social nunca deseable y menos en los momentos actuales que vivimos, pueden mermar la necesaria confianza en la relación médico-paciente al criminalizar actuaciones profesionales realizadas bajo rigor científico y de la ética médica», dijo.

Además, a medida que avanza la ciencia y la evidencia científica los protocolos cambian y la atención al parto también, «esa es la característica fundamental del conocimiento y la evolución, pero la atención al parto siempre ha tenido y tendrá a la mujer en el centro», expuso. Finalmente, incidió en que el pilar de la Ley debe ser la Formación, información y promoción de la Salud Sexual. «Por todo lo anterior desde el Consejo General nos ponemos a disposición del Ministerio de Igualdad para participar en todas aquellas iniciativas enfocadas a mejorar la asistencia sanitaria a las mujeres, desde el conocimiento científico, el compromiso ético y deontológico y la experiencia profesional», concluyó.

Durante la reunión, según fuentes del Ministerio,  se ha identificado un amplio consenso en torno a la necesidad de abordar la salud sexual y reproductiva con un enfoque integral, de derechos humanos e integridad en todo el ciclo de la vida de las mujeres. Además de la necesaria garantía de la equidad territorial; la educación afectivo sexual desde edades tempranas como pilar de la ley; el fortalecimiento de la formación y sensibilización de las y los profesionales en esta materia; además de garantizar el acceso a la anticoncepción.

El proceso participativo de reforma legislativa en torno a la salud sexual y reproductiva (interrupción voluntaria del embarazo, violencia obstétrica y gestación subrogada, entre otros aspectos) se inició a finales de junio con una reunión de la directora del Instituto de las Mujeres con sus homólogas en los Organismos de Igualdad de las CC.AA.