El Ejecutivo prevé llegar a un acuerdo definitivo antes de finales de año

‘Colgar la bata’, cuanto más tarde mejor. Es la conclusión a la que llega la profesión médica, después de que este martes el Gobierno haya dado luz verde al primer bloque de la reforma de las pensiones, centrado en las garantías del poder adquisitivo y en acercar la edad efectiva de jubilación con la ordinaria.

Para ello plantea tres escenarios: endurecer la jubilación anticipada, incentivar la demorada y prohibir el retiro laboral forzoso. En concreto, este Proyecto de Ley, que espera tener aprobado a finales de año, contempla la mejora de los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y la eliminación de algunas excepciones a la posibilidad de jubilación forzada.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere que estos porcentajes se apliquen sobre la cuantía de la pensión para que también englobe a los trabajadores que cotizan por la base máxima, como es el caso de la mayoría de facultativos. El aumento del 16 al 21 por ciento en dichos coeficientes supondrá una pérdida cercana a los 600 euros para aquellos médicos que decidan retirarse anticipadamente dos años antes. El ‘cheque’ de 12.000 euros que plantea el departamento tampoco supondrá un gran beneficio a ojos del colectivo, puesto que la mitad de la cuantía podría ir a parar a Hacienda.

Por tanto, el colectivo espera una «oleada» de prejubilaciones médicas antes de que la medida entre en vigor en 2024 y se empiecen a aplicar dichos estándares.
Al margen del plan, la solución ideal en su opinión sería declarar la Medicina como profesión de riesgo, permitiendo un retiro anticipado sin penalizaciones como ocurre en otros sectores del funcionariado. En concreto  los facultativos ven adecuado quese les permita jubilarse con 60 años y 30 años cotizados, igual que a «muchos otros funcionarios de clases pasivas», y con el hándicap de no poder computar las guardias trabajadas. De hecho, las jornadas extra hacen que los médicos estén «atados» a este tipo de penalizaciones al no alcanzar los 40 años de cotizados en casi ningún caso.

En lo que también se muestran suspicaces es en la derogación del coeficiente de sostenibilidad y la creación d eun nuevo mecanismo de equidad intergeneracional. Aunque reconoce que se trata de una modificación necesaria dado el aumento paulatino de la esperanza de vida de los trabajadores, temen que finalmente no haya consecuencias más allá del cambio de nombre en el terreno práctico.

Bonificación del menos el 8%

En cuanto a la ampliación de la vida laboral, el departamento de Escrivá plantea un pago único de 11.000 euros como incentivo, ante la subida de la edad de jubilación de los 65 a los 67 para 2027. Aunque aplauden la eliminación de la jubilación forzosa, la profesión considera, sin embargo que este retraso, además de ser «voluntario y en unas buenas condiciones físicas y psíquicas», debe venir acompañado de una bonificación de al menos el 8 por ciento, en «la misma proporción que se castiga la anticipada».

En palabras de la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, este nuevo plan, además de cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo y obtener el apoyo de los interlocutores sociales, tiene por objetivo la «tranquilidad de los jubilados» con la revalorización de las pensiones, independientemente del IPC. «Si es negativo, se mantendrán las del año anterior», ha matizado la portavoz del Ejecutivo.  Una vez aprobado este primer paquete de medidas, se abordarán «otras cuestiones» en los próximos meses relativas a la cotización de los autónomas en ingresos reales, según informa Redacción Médica.