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“La judicialización de la Medicina, a espaldas de los fundamentos clínicos de la asistencia, introduce un elemento de distorsión en la práctica clínica”

El presidente de la OMC, Tomás Cobo, remite un escrito al presidente del Consejo del Poder Judicial, sobre el auto judicial que permite la aplicación de la ozonoterapia a un paciente

El presidente del Consejo General de Colegios de Médicos, Tomás Cobo, ha remitido una carta al presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en donde le explica la “gravedad” del pronunciamiento  judicial sobre las decisiones clínicas que pueden alterar “gravemente” los procesos de evaluación que desarrollan las sociedades científicas, las guías de práctica clínica y el trabajo de las agencias de evaluación del Sistema Nacional de Salud y en donde manifiesta que la “judicialización de la Medicina, a espaldas de los fundamentos clínicos de la asistencia, introduce un elemento de distorsión en la práctica clínica y un eventual motivo de confrontación entre todas las partes intervinientes”.

La carta remitida por el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), se debe a la decisión tomada por el juez del Juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón de la Plana de obligar al Hospital de la Plana a aplicar una terapia no aprobada por la Agencia Española del Medicamento, no incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y en contra de los protocolos científicos del centro sanitario a un paciente ingresado en la UCI, que considera que la injerencia judicial en decisiones clínicas altera gravemente los procesos de evaluación.

El CGCOM sostiene que la imposición judicial de iniciación de un tratamiento, que desoye las recomendaciones del equipo encargado de la atención al paciente y al margen de los protocolos basados en la evidencia científica, puede contribuir a que se diluyan las responsabilidades y el paciente sufra las consecuencias en la calidad de la asistencia y su seguridad.

Además, el dictamen del juez contempla la incorporación de profesionales externos al hospital para la aplicación de dicha terapia, lo que genera una clara disfuncionalidad y un conflicto de seguimiento del paciente y atribución de los resultados.

Ver escrito

Carta Dr. Cobo al Presidente del Consejo General del Poder Judicial