El presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cantabria, José Francisco Díaz Ruiz, analiza la ley que entrará en vigor el próximo 25 de junio en España. Para su redacción no se ha contado con los sectores profesionales médicos, algo que ha causado un gran revuelo entre los sanitarios. Tendrán derecho a objetar, pero los pacientes que quieran una muerte digna podrán solicitar su aplicación

La eutanasia ya es ley en España. Desde el pasado 18 de marzo, nuestro país es el quinto del mundo que legisla el derecho a una muerte digna. Aquel día, el Congreso aprobó el texto con un amplio consenso -solo PP, VOX y UPN votaron en contra-, y entrará en vigor el próximo 25 de junio. El doctor cántabro José Francisco Díaz Ruiz, presidente de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cantabria, ha participado en una nueva sesión virtual del Aula de Salud para explicar qué supone esta nueva norma y cómo tendrá que aplicarse.

La Ley de Eutanasia podrá solicitarla cualquier paciente “ante un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento intolerable”, y podrá aplicársele tanto en un hospital público, privado o concertado o en su propio domicilio. La causa legal del fallecimiento será ‘muerte natural’.

Tras cursar la petición -habrá que hacerlo dos veces y con diferencia al menos de 15 días-, siempre será un médico quien -tras consultar con un segundo profesional y tener el visto bueno de una Comisión de Garantía y Evaluación- cumpla la voluntad del enfermo. Los médicos tendrán derecho a objetar, es decir, oponerse a quitar la vida de alguien aunque se lo pida, porque para muchos va contra su histórico Código de Deontología Médica. «Hay quien está de acuerdo porque piensa que su labor es cumplir los deseos del enfermo y está dispuesto a practicar la eutanasia; y hay quien tiene otros valores y considera que la vida es el valor supremo y no se puede ir contra esto». Para que los médicos actúen con libertad se creará un listado confidencial de objetores para saber con qué profesionales no se podrá contar en cada región para llevar a efecto esta ley.

Existen todavía muchas lagunas al respecto sobre su aplicación y todavía faltan detalles importantes como la publicación de un manual de buenas prácticas o quiénes formarán parte de esa Comisión de Garantía y Evaluación en Cantabria, ya que cada comunidad autónoma tendrá la suya. “Un profesional del Colegio de Médicos tendría que entrar en esa Comisión”, indica Díaz Ruiz, sobre todo sabiendo que la ley se ha redactado a nivel político y no se ha contado para ello con los sectores profesionales médicos ni con la sociedad. “Eso sí que ha sido muy criticado, porque no se ha contado ni con el Consejo General de Colegios de Médicos, ni con el de Enfermería ni con el Comité Bioético de España. La decisión ha sido puramente política”.

Además, Díaz Ruiz, que es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, considera que “hubiera sido interesante que antes de una Ley de Eutanasia se hubiera hecho una buena ley de cuidados al final de la vida que promoviera más los tratamientos paliativos. En Cantabria no estamos mal, pero hay otras comunidades que no llegan bien a toda la población”.

Lo que sí queda claro es que, a partir de su entrada en vigor, cuando un ciudadano de “nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en nuestro país superior a 12 meses, tenga mayoría de edad y sea capaz y consciente” podrá solicitar que se le aplique la Ley de Eutanasia para que se active dicho protocolo.

Además, la norma contempla que si un ciudadano deja un testamento vital con una serie de instrucciones sobre lo que quiere hacer con su vida en caso de enfermedad o accidente, podrá acogerse igualmente a dicha ley, siempre que el médico vea ese documento y confirme la intención del paciente de no seguir viviendo ante determinadas circunstancias.

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