26/08/20 Illa afirma que Gobierno y CC.AA «siguen trabajando» en nuevas medidas coordinadas de salud pública, que podrían estar «en breve tiempo»

El Gobierno de España quiere llevar al Congreso de los Diputados «lo antes posible», y en todo caso «antes de un año», el proyecto de ley para la creación del anunciado Centro Estatal de Salud Pública. Así lo ha anunciado este miércoles el ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su intervención este miércoles por videoconferencia en el XIII Encuentro Interautonómico sobre Protección Jurídica del Paciente, que un año más se celebra dentro de la programación de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que en esta edición aborda los retos bioéticos y jurídicos de la COVID-19.

En su intervención, Illa ha hecho un repaso a las medidas adoptadas durante la pandemia y ha avanzado que Gobierno y comunidades autónomas «siguen trabajando» en nuevas medidas coordinadas de salud pública, que espera que estén «en breve tiempo». Y ya respecto al Centro Estatal de Salud Pública, ha recordado que su creación de ya estaba prevista en la Ley General de Salud aprobada en 2011 y considera que este nuevo recurso «sin duda ampliará» la capacidad del país de «identificar, evaluar y responder» ante amenazas o riesgos de enfermedades o futuras pandemias.

Para el ministro, este centro estatal es uno de los elementos que servirá para «fortalecer» el Sistema Nacional de Salud que, según ha dicho, es un «reto fundamental» que hay por delante y del que, según ha dicho, ya se ha dado un primer paso, con el refuerzo de la estructura del Ministerio con la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad y la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del SNS.

Ese fortalecimiento del sistema de salud pasa también, según ha reconocido Illa, por incrementar la inversión en Sanidad hasta el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) para que España esté «en línea» con los países del entorno europeo. Por otra parte, considera, además, que un fortalecimiento del sistema debe pasar por un «cambio de visión» sobre la salud, incidiendo en el pilar de la prevención y los hábitos de vida sanitaria, y también por un refuerzo de la Atención Primaria.

Illa ha reconocido que hay «un gran trabajo por delante», una parte de carácter inmediato», como es la gestión sanitaria de la crisis del COVID-19 y el abordaje de sus repercusiones económicas y sociales, pero también otro consistente en pensar qué clase de sistema sanitario se quiere para el futuro para garantizar el derecho a la protección de la salud en condiciones «de equidad» y que permita estar mejor preparados ante otras enfermedades con potencial pandémico.

Estado de alarma y otras medidas

En su intervención, Illa ha indicado que la pandemia del COVID-19 ha sido, y lo sigue siendo, «la mayor crisis sanitaria global» del último siglo y ha supuesto un «enorme desafío» tanto para el sistema de salud de España como del resto de países del mundo.

Ello, según ha recordado, ha obligado a adoptar «medidas extraordinarias de un gran impacto tanto a nivel individual como colectivo» y que han afectado a todos los ámbitos de la sociedad, «muchas» de las cuales –«las de mayor trascendencia»– se adoptaron en el marco del estado de alarma, declarado a mediados de marzo y que duró 14 semanas. Illa ha señalado que la figura del estado de alarma nunca se había desarrollado antes con «la efectividad, la intensidad y la duración» que ha requerido la pandemia.

Para el ministro, la pandemia ha permitido comprobar que el ordenamiento jurídico español dispone de «diversos instrumentos para la respuesta de crisis sanitarias», incluido el elemento «constitucional» del estado de alarma para situaciones «excepcionales». Illa ha defendido que se ha actuado «siempre garantizando que las restricciones de derechos fundamentales y libertades públicas fueran siempre proporcionadas» y las «estrictamente necesarias» y estuvieran «debidamente justificadas». El ministro ha señalado que, como ya se advirtió, el fin de estado de alarma no supuso el fin del virus ni de la crisis sanitaria, sino una nueva fase, la actual, en la que hay que convivir con el virus extremando todas las medidas de prevención».

En ese marco, el ministro ha explicado que su departamento ha seguido adoptando medidas y coordinando la respuesta ante la pandemia, una respuesta que gira, por una parte, en torno a tres elementos principales: la Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control, que está permitiendo a través de la realización de pruebas la detección de casos; el Real Decreto de la nueva normalidad, y el Plan de respuesta temprana ante rebrotes y nuevas oleadas, aprobado el 16 de julio por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, Illa se ha referido, además, a las acciones coordinadas entre el Gobierno y las comunidades autónomas en materia de salud pública, como las aprobadas «por primera vez en democracia» el pasado 14 de agosto, que prohibían el ocio nocturno o limitaban fumar en la calle. El ministro ha asegurado que se «sigue trabajando» entre el Gobierno y las comunidades autónomas en acciones coordinadas de salud pública y «espera» que esta línea de trabajo dé como resultado «en breve tiempo» la adopción de otras nuevas. En la inauguración del encuentro, han participado de forma presencial, la rectora de la UIMP, María Luz Morán Calvo-Sotelo; los directores del Encuentro, Jorge Tomillo y Joaquín Cayón de las Cuevas, y el consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez.

Rodríguez pide fortalecer instrumentos de cooperación del SNS

El titular autonómico de Sanidad, en su intervención, ha subrayado la «necesidad de fortalecer los instrumentos de cooperación del Sistema Nacional de Salud, articulando el Consejo Interterritorial como punto de encuentro». Según ha dicho, el Consejo Interterritorial del SNS, liderado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y del que forman parte todas las comunidades, ha jugado en esta pandemia, y aún lo está haciendo, un «decisivo papel» en este proceso de coordinación entre el Gobierno y las autonomías.

Rodríguez ha puesto también en valor la importancia del actual esquema de cogobernanza entre la Administración General del Estado y las comunidades para hacer frente al COVID-19. «El virus no conoce fronteras o delimitaciones territoriales, con lo que la coordinación ya no es solo una obligación legal sino también un imperativo ético», ha mantenido Rodríguez, quien ha reivindicado que en Cantabria la coordinación insterinstitucional en el marco de la lucha contra el COVID-19 se ha proyectado incluso a otros actores no específicamente sanitarios a través de un protocolo de trabajo conjunto en materia de confinamientos.

Según ha detallado, desde la adopción de este protocolo el 6 de abril, ha permitido la coordinación de los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad, el Decanato de la judicatura de Santander, la Fiscalía y la Secretaria de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la Delegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

39 Resoluciones de confinamiento obligatorio

«Los operadores jurídicos en el ámbito de la comunidad autónoma disponen de un instrumento que está permitiendo que los confinamientos se ratifiquen judicialmente en menos de 24 horas», ha dicho. Rodríguez ha explicado que, hasta la fecha, se han llevado a cabo 39 resoluciones de confinamiento obligatorio, tanto colectivas como individuales, que han afectado a 209 personas, todas ellas ratificadas por los juzgados que han intervenido en los procedimientos.

Para el consejero crisis como la del COVID-19 hay que abordarlas no solo desde la coordinación sino también desde la interdisciplinariedad puesto que el conocimiento no debe sectorializarse.